Uno de los desafíos fundamentales que la Iglesia ha de afrontar en el momento presente y de cara al futuro es el de la participación más amplia posible de todo el Pueblo de Dios en los procesos de toma de decisiones: discernir juntos, alcanzar consensos, tomar decisiones mediante el ejercicio de las diferentes estructuras e instituciones. Porque, en una Iglesia constitutivamente sinodal, toda la comunidad es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones para la misión (Documento final, nº 87). Escuchar al Pueblo de Dios es escuchar verdaderamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia.

La realidad es que no existen en la Iglesia procedimientos ordinarios para hacer efectiva la reciprocidad entre la asamblea y quienes la presiden. Es verdad que la legislación canónica vigente en la actualidad prescribe que en determinados casos la autoridad está obligada y tiene el deber de escuchar antes de tomar una decisión (Documento final, nº 91). Pero la pretensión del Documento parece ir más allá al sugerir que la participación en estos procesos sea lo habitual y, además, no se limiten a los llamados órganos de participación colegiados contemplados en el derecho, sino que se amplíen a la participación de todos. Por tanto, se trata de avanzar en la puesta en práctica de nuevos procedimientos más acordes con la naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios. 

Para ello, el Documento, más que un procedimiento detallado, lo que nos ofrece es un criterio aplicable a cualquier tipo de estructura de participación, al distinguir como dos fases en cualquier proceso de toma de decisiones en la Iglesia: la fase de elaboración o instrucción mediante un trabajo conjunto de discernimiento en el que participan “todos”, y una segunda fase de toma de decisión propiamente dicha que corresponde a la autoridad competente. De este modo, el proceso participativo para elaborar una decisión (decision-making) se encuadraría dentro de lo que se denomina una competencia sinodal, mientras la toma de la decisión jerárquica propiamente dicha (decision-taking), sería expresión de una competencia ministerial. Los dos momentos son imprescindibles e irrenunciables. Además, entre ambas fases no hay competencia ni contraposición, sino que por su articulación contribuyen a que las decisiones adoptadas sean fruto de la obediencia de todos a lo que Dios quiere para su Iglesia (Documento final, nº 90). Como dice la Comisión Teológica Internacional en La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia (2018): «Un ejercicio pertinente de la sinodalidad debe contribuir a articular mejor el ministerio del ejercicio personal y colegial de la autoridad apostólica con el ejercicio sinodal de discernimiento por parte de la comunidad.» (CTI, Sin 69).

En el Documento final del Sínodo, uno de los tres aspectos designados con el término sinodalidad es precisamente la realización de eventos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente implicando a distintos niveles (local, regional, universal) a todo el Pueblo de Dios para el discernimiento de su camino y para la toma de decisiones en orden al cumplimiento de su misión evangelizadora (Documento final, nº 30c). Por ejemplo, un sínodo diocesano, una asamblea eclesial una asamblea diocesana o una asamblea parroquial. En ese sentido y, partiendo de nuestra propia historia, es de todo punto oportuno redescubrir cómo en el Sínodo Diocesano de Zaragoza (1984-86), se dieron los elementos básicos de esto que ahora nos proponemos. Así, la entusiasta participación de los 10.000 participantes de la primera fase representaba en aquel momento a la totalidad del Pueblo de Dios que hizo sus propuestas, tras un proceso que ahora llamaríamos de discernimiento comunitario, y dejó el terreno preparado para las decisiones que posteriormente el Obispo, en razón de su autoridad jerárquica, adoptaría para toda la Diócesis. Y, si bien es verdad que la implementación de la mayoría de las 80 propuestas aprobadas por el Sínodo diocesano no requerían por su propia naturaleza de un decreto del obispo para su puesta en marcha, otras, sin embargo sí. Cuestiones como la celebración de asambleas parroquiales abiertas a todos (Sínodo Zaragoza, propuesta 2), el diálogo entre seglares y jerarquía (6), el reconocimiento y la promoción de carismas, servicios y ministerios laicales (10), la apertura de distintos cauces de formación (24), la integración de la pastoral vocacional en la pastoral juvenil (27), la celebración de misas adaptadas para niños en días festivos (32), una enseñanza religiosa de calidad en colegios públicos y privados (35), el impulso a los equipos de preparación al matrimonio (45), las escuelas de padres, los grupos de formación familiar, cursillos, catequesis familiares (45), la participación de los cristianos en los consejos escolares (47), la actuación solidaria entre familia, escuela e Iglesia (48), la presencia en clave de diálogo en la universidad, en centros de enseñanza y en medios de comunicación (51) … (Podríamos seguir…), son el ejemplo de cómo el discernimiento de todo el Pueblo de Dios reunido en Sínodo ha impulsado la vida de la diócesis en estos cuarenta años.

Por otro lado, la creación y constitución del Consejo Diocesano de Pastoral y de los Consejos de Vicaría; la obligatoriedad de los Consejos Pastorales Parroquiales; la exigencia de que los seglares participen en la elección se sus propios representantes en dichos consejos; o que, aunque los consejos tienen voto meramente consultivo, el obispo pueda concederles facultad deliberativa (12); la creación de la Delegación de Pastoral Obrera (60) sí que son propuestas concretas que posteriormente tuvieron refrendo en las disposiciones y decretos del obispo y pasaron así a ser norma para toda la diócesis.

En este preciso momento de puesta en marcha en nuestra Iglesia local de medidas que concreten los principios sinodales, el Sínodo de Zaragoza constituye para nosotros una referencia ineludible. Y no tanto por la definición de muchos temas pastorales que 40 años han cambiado y se plantean ahora de otra manera, sino por su estricto carácter sinodal en el proceso de toma de decisiones en el que se articulan perfectamente las distintas responsabilidades, se expresa de forma ejemplar la complementariedad del todos-algunos-uno y se crea ex novo toda una metodología sinodal al servicio del impulso evangelizador y comunitario de la época.

No se trata de hacer otro Sínodo diocesano, pero sí de pensar en estructuras en las que se dé cauce a la participación de todos, más allá del papel de los órganos colegiados de participación (Consejos). Me refiero sobre todo a las asambleas a distintos niveles.

Precisamente, el próximo sábado, 12 de abril, estamos convocados los grupos sinodales de la Diócesis y todo aquel que se quiera sumar a una reunión bajo la presidencia del obispo para, por una parte, informar y ser informados y, por otra, recoger propuestas para implementar el Sínodo en la Diócesis. Tal como se ha preparado, tiene forma de asamblea en cuanto podrán intervenir cuantos grupos y personas lo deseen con un turno abierto de palabra. Nuestro deseo es que se nos escuche y se cuente con nosotros, es decir, con todo el Pueblo de Dios. Una buena oportunidad para avanzar en la práctica de esta figura sinodal como momento imprescindible de lo que puede llegar a significar la toma de decisiones en la Iglesia con la participación de todos.

Emilio Aznar Delcazo. Diócesis de Zaragoza